El Estado adeuda a la Región más de 600 millones de euros desde 2018 en materia de dependencia, con los que, según Ruiz, "se podrían haber creado más de 4.700 plazas de atención residencial para personas mayores"
La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, reclamó al Gobierno central que "asuma su responsabilidad y cumpla con su compromiso" de financiar el 50 por ciento del sistema de dependencia. Durante su comparecencia en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, Ruiz recordó que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, anunció que aportaría la mitad del gasto en dependencia y, sin embargo, en la actualidad apenas llega al 25 por ciento.
La consejera destacó asimismo "el esfuerzo del Ejecutivo murciano por reforzar la estructura de un sistema tensionado por el envejecimiento de la población y un incremento constante de la demanda, a pesar de la infrafinanciación", y señaló que la factura que debe el Estado a la Región desde el año 2018 supera los 600 millones de euros; "un importe con el que se podrían haber creado más de 4.700 plazas de atención residencial para personas mayores".
En la Comunidad, explicó, "el coste medio por persona dependiente es de 7.448 euros, de los que el Estado sólo aporta 1.862". Esto, a pesar de que la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia "plantea un modelo de financiación compartida entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas", indicó Ruiz.
La consejera señaló que el esfuerzo presupuestario impulsado por la Región de Murcia "ha conseguido reducir listas de espera, aumentado prestaciones y mejorando la atención, incluso en un contexto de infrafinanciación autonómica, que genera una diferencia de más de 1.000 euros entre lo que recibe un ciudadano de la Región de Murcia frente a otro de la comunidad mejor financiada".
Ruiz recordó, además, que el Gobierno central plantea ahora una nueva reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad sin respaldo económico. En este sentido, reclamó al Estado "cooperación institucional", y que no descargue responsabilidades en las autonomías, porque, "las comunidades autónomas asumimos en solitario el incremento del gasto de la dependencia". Un esfuerzo económico "en un contexto de presupuestos prorrogados, con cuantías congeladas que no tienen en cuenta el aumento de costes".