La instalación de una antena de telecomunicaciones en una parcela de suelo no urbanizable en la urbanización de La Charca ha desatado una ola de reivindicaciones por parte de los vecinos, quienes expresan su preocupación por su impacto. En una rueda de prensa, la Concejala de Urbanismo, Patricia Corbalán, explicó la postura del Ayuntamiento, destacando que, aunque comprende el malestar vecinal, la institución está legalmente obligada a autorizar la obra al cumplir esta con todos los requisitos normativos.
Corbalán detalló que la licencia urbanística otorgada a la antena cumple plenamente con las exigencias legales tras una revisión exhaustiva. Según explicó, la normativa estatal ha cambiado: anteriormente, estas instalaciones requerían un procedimiento de interés público con el visto bueno del Ayuntamiento, pero ahora se tramitan mediante una declaración responsable que permite iniciar la construcción sin esperar autorización municipal. Sin embargo, la empresa responsable optó por presentar una licencia urbanística para garantizar que la obra no pueda ser paralizada una vez concedida.
La concejala subrayó que la antena, ubicada en suelo no urbanizable dentro de La Charca, cumple con todos los requisitos urbanísticos, tanto municipales (como linderos) como estatales (condiciones medioambientales y emisión de ondas). La legislación estatal no establece distancias mínimas a centros médicos, hospitales, lugares con personas enfermas ni viviendas, lo que limita la capacidad del Ayuntamiento para denegar la licencia. Además, no existen informes vinculantes que demuestren que las antenas causen daños a la salud, y estas son comunes en cascos urbanos de Totana y otros municipios. Corbalán también destacó la dependencia actual de las telecomunicaciones, recordando el reciente "apagón" que dejó a la población sin cobertura, evidenciando la necesidad de antenas para servicios esenciales como la telefonía móvil y la fibra óptica. Aunque el impacto visual es evidente, no constituye un motivo legal para detener la obra.
La concejala lamentó que no existiera previamente una ordenanza municipal para limitar este tipo de instalaciones, como se hizo tras la licencia de una gasolinera en el barrio de Triptolemos para evitar actividades similares en el casco urbano. Señaló que ya en 2019 se presentó un plan de implantación para una antena en La Charca, geolocalizada por necesidades específicas de cobertura, y otra solicitud en 2022. De haber existido una ordenanza entonces, se podrían haber establecido límites de distancia, evitando la situación actual.
A pesar de las limitaciones legales, el Ayuntamiento ha intentado mediar. El pasado lunes, se organizó una reunión con los vecinos y la empresa, American Tower, para solicitar una paralización temporal "de buena fe". Sin embargo, la empresa se negó a detener las obras, indicando que finalizaría la instalación y luego evaluaría alternativas. Al día siguiente, continuó el montaje de la antena. Corbalán señaló que la falta de un cartel informativo no justifica, según los servicios jurídicos, la paralización de la obra, aunque se ha requerido a la empresa subsanar este defecto. De no hacerlo, se podría intentar suspender la construcción, aunque la empresa probablemente lo corregirá rápidamente.
El Ayuntamiento ha localizado terrenos alternativos a 200-300 metros de la ubicación actual, frente a los 30-100 metros requeridos por la empresa para garantizar la cobertura. Estos terrenos, mayoritariamente privados, implican negociaciones con propietarios, lo que complica el proceso. La empresa señaló que, dado que la antena tardará unos dos años en entrar en funcionamiento, evaluará si las nuevas ubicaciones propuestas cumplen sus necesidades. En caso de cambio, sería necesario compensar a la empresa por la inversión realizada, un coste que el Ayuntamiento estudiaría asumir si el beneficio social lo justifica.
Sobre la ausencia de representantes municipales en la concentración vecinal del martes, Corbalán explicó que, tras recibir la invitación, se consideró incongruente manifestarse contra una licencia otorgada por el propio Ayuntamiento, aunque se reiteró el apoyo a los vecinos. Este respaldo se ha materializado en múltiples reuniones, incluyendo una con el concejal de servicios, otra con Corbalán, una visita a La Charca y el encuentro con la empresa. La concejala aseguró estar disponible para los vecinos a través de su teléfono personal.
De cara al futuro, el equipo de gobierno trabajará en una ordenanza municipal para evitar casos similares, un proceso que llevará tiempo. Mientras tanto, se implementará un protocolo interno en Urbanismo para que los expedientes de telecomunicaciones e infraestructuras sean debatidos previamente, evaluando ubicaciones y alternativas para mejorar la información y la negociación, aunque la normativa actual no obligue a informar a los vecinos.
Finalmente, Corbalán respondió a las críticas de la oposición, que la acusaron de firmar expedientes sin leerlos, calificándolas de "ataque gratuito". Aclaró que los concejales firman propuestas respaldadas por informes técnicos favorables, y que ella leyó la propuesta, que indicaba "Diputación Mortí paraje La Charca", no una calle específica. Subrayó que, bajo la normativa actual, no es obligatorio informar a los vecinos, a diferencia del antiguo procedimiento de interés público, y que se han cumplido todos los requisitos legales.