El Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM)ha mostrado su respaldo al secretario general de la Consejería de Política Social, Nicolás Gonzálvez, ante las acusaciones realizadas por los sindicatos CCOO y UGT, y rechaza de forma rotunda las interpretaciones que se han hecho de sus declaraciones.
En su intervención, el secretario general "no vinculó en ningún momento inmigración con inseguridad", ha asegurado el diputado regional Miguel Ángel Miralles. "Muy al contrario, defendió una inmigración legal, ordenada y basada en principios claros: la dignidad de la persona, la responsabilidad individual y el respeto a la ley".
Asimismo, el secretario general puso de manifiesto la falta de una política migratoria definida por parte del Gobierno de España, "cuya inacción está propiciando una situación de inmigración no regulada". En este contexto, recordó que recientemente se ha presentado una batería de alegaciones frente al proceso de regularización masiva anunciado por el Ejecutivo central.
Miralles considera que esta regularización masiva puede generar un efecto llamada y situar a España en una posición contraria a la línea que vienen aplicando otros países europeos. Además, ha subrayado que, "si el Gobierno central decide seguir adelante con dicha regularización, debe hacerlo garantizando los recursos necesarios para reforzar el sistema sanitario, el educativo y las políticas sociales".
Tal y como señaló el secretario general, "el real decreto anunciado carece de una memoria de impacto económico, presupuestario o de capacidad de los servicios públicos, lo que genera una evidente preocupación en las comunidades autónomas, que son quienes gestionan directamente estos recursos".
En relación con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, el secretario destacó en su intervención que su correcto desarrollo, tanto por parte de España como del resto de Estados miembros, debe asegurar un doble objetivo: el equilibrio entre seguridad y control y el respeto a los derechos humanos, tal y como recoge el informe del Consejo Económico y Social de España; y el establecimiento de vías de entrada segura, ordenada y regular que reconozcan los beneficios que la inmigración aporta, tanto a quienes llegan a nuestro país como a la sociedad y a la economía española.
Miralles ha lamentado que "algunos sindicatos opten por la descalificación y la petición de dimisiones en lugar de contribuir a un debate serio y responsable sobre una cuestión de Estado como es la política migratoria" y ha concluido diciendo que "frente a la confrontación, el Partido Popular seguirá defendiendo una política basada en la legalidad, la responsabilidad y la garantía de los servicios públicos para todos".
