El Gobierno regional exigió hoy al Ejecutivo central seguridad jurídica, transparencia y lealtad institucional en la modificación del Reglamento General de Costas, ante la incertidumbre que están generando los deslindes en el litoral de la Región de Murcia.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, hizo esta reclamación durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, donde denunció que las decisiones sobre la gestión del litoral "no se pueden tomar de forma unilateral a 500 kilómetros del mar ni de espaldas a los territorios", y criticó que se estén aplicando deslindes "basados en criterios difusos y arbitrarios que nadie sabe cómo se aplican ni a qué objetivos responden".
García Montoro subrayó que en la Región de Murcia hay más de 600 familias afectadas por estos procesos, en muchos casos propietarios de viviendas tradicionales construidas conforme a la legalidad vigente en su momento. "Lo que hasta ayer era suyo hoy deja de serlo por una decisión tomada en Madrid, lo que supone un problema muy grave que afecta no solo al patrimonio, sino también a la confianza en las instituciones", señaló.
El responsable de Fomento autonómico resaltó que "cuando un ciudadano pierde la certeza sobre sus derechos, no estamos ante un problema administrativo, sino ante un problema de Estado". En este sentido, advirtió de que la situación va más allá del impacto económico, ya que "estamos ante un problema de inseguridad jurídica y de incertidumbre que erosiona la credibilidad institucional".
"El Gobierno regional agotará todas las vías políticas y legales para proteger las viviendas tradicionales frente a la acción arbitraria del Ejecutivo central", remarcó García Montoro. También esgrimió la existencia de un frente común con otras comunidades autónomas para impulsar la actualización de la normativa estatal.
Asimismo, recordó que la Región de Murcia ha solicitado la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Costas para abordar con el Ministerio los cambios normativos y exigir "rigor, garantías jurídicas y una gestión más ágil y cercana que compatibilice la protección medioambiental con la conservación de los usos tradicionales del litoral".
Además, el titular de Fomento reafirmó el compromiso del Gobierno regional de apoyar las iniciativas legislativas para solicitar una moratoria al Gobierno central para todos los procedimientos de deslinde y todas aquellas iniciativas dirigidas a preservar los entornos costeros y los núcleos tradicionales, "en defensa de los vecinos y de la actividad económica vinculada al mar", con el objetivo de "devolver la confianza y la esperanza a las familias afectadas".
