Las ayudas pueden llegar hasta los 67.000 euros por beneficiario
El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publica hoy la resolución provisional de las ayudas destinadas a facilitar la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos a la actividad agraria, que contempla 269 solicitudes aceptadas.
Estas ayudas tienen como objetivo facilitar la puesta en marcha de nuevas explotaciones agrícolas y ganaderas, así como apoyar a los jóvenes durante sus primeros años de actividad y favorecer el relevo generacional en el sector agrario de la Región de Murcia.
El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, explicó que "estas ayudas están destinadas a jóvenes que quieren iniciar su actividad profesional en la agricultura o la ganadería y necesitan afrontar los gastos que supone poner en marcha una explotación".
La convocatoria contaba inicialmente con un presupuesto de 10,3 millones de euros, que fue ampliado hasta alcanzar casi 11,7 millones de euros para atender al mayor número posible de solicitudes que cumplieran los requisitos establecidos.
Las ayudas contemplan una cuantía básica de 27.500 euros, que puede incrementarse hasta alcanzar un máximo de 67.000 euros en función de las características de cada proyecto. El importe medio previsto por beneficiario se sitúa en torno a los 43.000 euros.
Para determinar la cantidad que recibirá cada joven se tienen en cuenta diferentes factores, como las dimensiones de la explotación, la incorporación a una cooperativa o la condición de mujer, entre otras. Estos dos últimos supuestos contemplan incrementos de 2.500 euros cada uno.
Buendía señaló que "las cuantías se adaptan a las características de cada explotación y permiten ofrecer un apoyo económico a quienes comienzan su actividad en el sector agrario".
La resolución publicada tiene carácter provisional y está previsto que en las próximas semanas se conozca la resolución definitiva. Los fondos están cofinanciados por la Unión Europea, que aporta el 60 por ciento; la Comunidad Autónoma, con el 28 por ciento; y el Estado, que financia el 12 por ciento restante.