Las CCOO recriminan al Gobierno Regional su constante política de recortes en plantilla y mantenimiento del ISSL que ha llevado al cierre de la sede del ISSL en El Palmar por inseguridad y al teletrabajo a la escasa plantilla que queda.

El cierre de la sede del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL), motivado por la existencia de un "peligro grave e inminente" conforme a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), no constituye un simple aviso. Es, por el contrario, la consecuencia directa de años de abandono y de una decisión explícita del Gobierno Regional de desatender las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral desde el Real Decreto 373/1995, de 10 de marzo, que formalizó el traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Los compromisos de calidad en las transferencias, así como el mandato constitucional de garantizar la seguridad y la salud de las trabajadoras y los trabajadores (art. 40.2 CE), han sido sistemáticamente ignorados.

La situación resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que en 2025 se registraron en la Región 37 fallecimientos por accidente laboral, frente a los 21 del año anterior. A la luz de estos datos, parece evidente que la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, así como el propio Gobierno Regional, han mostrado una falta de interés irresponsable hacia la salud laboral.

Desde 1995, la política aplicada ha consistido en una reducción progresiva de personal y en el deterioro del inmueble transferido, convertido hoy en un riesgo para quienes trabajan en él. Entre las decisiones más relevantes se encuentran la supresión del ISSL como organismo autónomo, la suspensión de la productividad del personal inspector desde 2010 y una línea de actuación marcadamente antisindical por parte de la dirección general competente. Es ampliamente reconocido, y así lo demuestra un informe técnico de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que las inversiones en prevención presentan una relación coste-beneficio claramente favorable, alcanzando retornos de entre 2,2 y 5 euros por cada euro invertido. Sin embargo, ni siquiera estas evidencias han sido suficientes para orientar una política responsable.

Un edificio en ruinas, una política errática en el ISSL

Nada sobre salud laboral parece importar a la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social y al mismo Gobierno Regional. Desde 1995, su política ha sido la de ir recortando personal y dejando que el bien inmueble traspasado sea un peligro para sus trabajadores y trabajadoras: desde la supresión del ISSL como organismo autónomo, pasando por la suspensión desde 2010 de la productividad de los inspectores de prevención, y siguiendo por las políticas antisindicales.

La situación del centro de trabajo de El Palmar es deplorable y ha desembocado en su cierre (que esperamos sea temporal) debido a humedades, desprendimientos de techos y un estado de abandono general que evidencia una gestión deficiente tanto de las infraestructuras como del personal.

Ante todo esto, CCOO exige que se atiendan de manera inmediata las necesidades reales del ISSL, tanto en materia de recursos materiales como humanos. Mientras se mantenga el cierre, el personal debe disponer de los medios necesarios para desarrollar su trabajo mediante teletrabajo, si esta es la opción adoptada, o ser reubicado provisionalmente en condiciones adecuadas. El ISSL debe recuperar su papel como organismo técnico de asesoramiento, investigación de accidentes laborales y formación especializada. La actitud cortoplacista e irresponsable de la Consejería y del Gobierno Regional está comprometiendo la seguridad y salud laboral de cientos de miles de personas trabajadoras de la Región, un ámbito que no puede seguir considerándose un espacio para recortes dirigidos a la reducción de la deuda pública. Instamos al Gobierno Regional a actuar con celeridad y responsabilidad, adoptando soluciones que pongan fin a esta situación y evitando la generación de nuevos problemas.